El Gobierno de Venezuela calificó de desacertadas las declaraciones de la alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet durante la 46 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos.
Bachelet presentó un informe oral y dijo que su oficina continúa recibiendo denuncias sobre supuestas «ejecuciones extrajudiciales» en operaciones de seguridad en Venezuela; asimismo, manifestó su preocupación por los «crecientes signos» de reducción del espacio cívico en el país suramericano.
Luego de la intervención de Bachelet, el embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant Rosales, habló ante el Consejo de Derechos Humanos y manifestó que tomará nota de las preocupaciones de la Alta Comisionada.
Sin embargo, lamentó que la presentación oral de Bachelet careciera «una vez más del balance necesario» y tuviera «información no verificada» que, a juicio de Caracas, alimenta «la campaña mediática» contra Venezuela. «Preocupa a Venezuela que la Alta Comisionada presente hechos y circunstancias que no han sido comprobados con las autoridades venezolanas», añadió.
En un comunicado difundido por la Cancillería, el Estado venezolano lamentó el «desbalanceado reporte emitido por mandato de una politizada resolución, (…) promovida por Estados Unidos a través del autodenominado Grupo de Lima·.
De acuerdo con las autoridades de Caracas, esta postura constituye una violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.
El Ejecutivo bolivariano consideró preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores anti venezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, al hacerse eco de campañas mediáticas y presentar especulaciones ideologizadas, como hechos.
Esto, a pesar de la presencia de la Oficina en Venezuela y de los fluidos mecanismos de diálogo existentes con el Estado venezolano, derivados de la Carta de Entendimiento sobre asistencia técnica y cooperación renovada recientemente, señala el comunicado.
Ante este escenario, el Gobierno venezolano informó que someterá a revisión la relación con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, con el fin de garantizar el estricto apego a los principios de objetividad, imparcialidad y no injerencia en los asuntos internos.
Tomado de Cubadebate
La Covacha Roja 