Es bien conocido que Chile sigue siendo una «democracia vigilada», como lo son España, Paraguay, Honduras, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, El Salvador… Y para colmo, la privatización de los servicios imprescindibles para la vida humana convierte a esos regímenes en violadores de los derechos humanos.
El agua es un elemento vital, un derecho fundamental de la población, pero el régimen chileno, dominado por un gobierno, un ejército y una policía de claro corte fascista, no lo garantiza.
¿Saben que los ríos chilenos han pasado a manos privadas, entregados por los políticos a esas corporaciones, de forma gratuita y a perpetuidad?
La Constitución del país sudamericano consagra ese bien como propiedad privada, cometiendo un atentado contra los derechos inalienables de la población. Ningún otro país del mundo comete esa tropelía.
Todos sabemos que el agua es esencial para la vida, la preservación de los ecosistemas y el desarrollo y bienestar…
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