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Miguel Castillo y Enrique Dugarte: la conveniencia política de la muerte

Propaganda e inconsistencias

El miércoles (10 de mayo) falleció Miguel Castillo, joven de 27 años y egresado de la escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María, en medio de una protesta violenta convocada por la MUD que se desarrollaba en Las Mercedes.

Segundos después de su fallecimiento, en redes sociales periodistas y políticos opositores, sumándose algunos directivos de ONGs alineadas con el antichavismo, con algarabía magnificaban el suceso trasladando de forma automática la responsabilidad a las fuerzas de seguridad del Estado.

Un tratamiento mediático signado por la emotividad, mezclado con atributos de “conmoción nacional” (recursos de propaganda), marcaron rápidamente el marco narrativo del hecho y sus “responsables” automáticos, adelantándose a toda prueba y evidencia que en el mediano plazo pudiera indicar lo contrario.

Sin embargo, el manejo mediático del suceso no escapó de las imprecisiones e inconsistencias que en casos similares aparecen. De esta forma políticos opositores, directivos de ONGs (como Foro Penal) y periodistas de medios antichavistas se contradecían sobre el caso.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que expertos del Cicpc confirmaron que un proyectil disparado por un arma de fuego fue la causa del fallecimiento de Castillo, justo cuando se encontraba del lado de la protesta convocada por la MUD. “El proyectil tiene orificio de entrada y salida en el brazo derecho y se alojó en el intercostal izquierdo”, señaló la autoridad ministerial.

Como exige la legislación nacional e internacional que rige la política de orden público del Estado venezolano, efectivos militares y policiales aplican un uso progresivo y diferenciado de la fuerza que no contempla las armas de fuego como instrumento para dispersar protestas. Los datos preliminares suministrados por el ministro Reverol indican que muy probablemente el arma de fuego fue accionada a lo interno de la protesta opositora. Registros audiovisuales dejan en evidencia que encapuchados que forman parte de estas protestas las portan sin mayor disimulo.

Similitudes con el caso Pernalete y Cañizales

Aunque las investigaciones están en curso, las similitudes que marcan este suceso con los casos de Juan Pernalete y Armando Cañizales ponen en relieve factores que son necesarios considerar.

No únicamente porque los tres hechos ocurren en la misma jurisdicción (municipio Chacao), sino porque se producen cuando lo único que queda de “manifestación” es la vanguardia violenta y entrenada de la MUD. Es decir, justo cuando el “factor ciudadano” -que abulta las convocatorias en horas de la mañana- se ha retirado definitivamente, dejando como remanente los focos de violencia callejera en confrontación con los cuerpos de seguridad del Estado. Mucha mayor violencia y confrontación podría ser el escenario ideal de camuflaje y distracción para cometer estos crímenes.

Los tres videos que muestran el traslado de los tres jóvenes en cuestión ponen de manifiesto otra similitud: en el lugar de los hechos no se avizoran efectivos policiales o militares. Los tres disparos fatales han sido a quemarropa o de alta proximidad, según informaciones suministradas por el ministro Reverol. La letalidad de los mismos expresa de igual forma una precisión que sólo se alcanza bajo extrema cercanía. Justamente de eso carecen la GNB y la PNB al momento de ocurrir los hechos. Sin embargo, las bombas lacrimógenas -y en el caso de Miguel Castillo una metra “disparada por la GNB”, según el diputado de Primero Justicia José Manuel Olivares- han sido posicionadas como el principal artefacto para endosar responsabilidades automáticas sobre los hechos.

Estos elementos de peso en los dos casos anteriores van delineando como móvil criminal el accionar de armas de fuego (posiblemente de fabricación casera como en los casos Pernalete y Cañizales) a lo interno de las protestas violentas. Por sus mismos integrantes.

Casos vitrina

Los casos Pernalete y Cañizales (y ahora el caso Castillo) han sido utilizados como símbolos de “la represión” del Estado venezolano, enmarcados en el objetivo de abultar el expediente de “violaciones de derechos humanos” y “crímenes de lesa humanidad” contra el gobierno venezolano, que justifique un mayor asedio internacional en contra del país y futuras sanciones desde EEUU con base a esos componentes narrativos.

Servir la mesa (allí entran los medios como actores políticos) en el frente comunicacional para que instancias externas (OEA, Unión Europea, Congreso de EEUU, etc.) suban el tono con respecto a la situación venezolana.

Ayer (10 de mayo), mientras ocurría el fallecimiento de Miguel Castillo, una reunión de la OEA sobre Venezuela terminaba sin el éxito prometido por Luis Florido y Freddy Guevara. El uso político de la muerte de Miguel Castillo vino a resarcir ese fallo de las expectativas creadas desde la OEA como también los vaivenes de afluencia que comienzan a mostrar las convocatorias de la MUD.

A lo interno el hecho fue rentable para la MUD en su objetivo de continuar con la agenda de calentamiento de calle.

El signo de clase, los perfiles y cuando una muerte es conveniente

Ayer (10 de mayo) el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, confirmó la muerte de Enrique Anderson Dugarte, quien fue emboscado por pistoleros en el viaducto de la ciudad de Mérida. Fue herido de gravedad en el cráneo el 8 de mayo mientras trabajaba como motoxista, falleció dos días después. Este hecho encaja con el mismo formato de violencia criminal ligado a factores violentos de la MUD que el 24 de abril cobró la vida a Jesús Sulbarán en Mérida y a Luis Alberto Márquez, quienes se encontraban en una manifestación chavista.

Según Saab, Dugarte formaba parte de movimientos sociales regionales. El Defensor apuntó que la sistemática aparición de francotiradores y pistoleros en Mérida constituyen un móvil criminal con fines políticos. Alertó sobre “asesinos profesionales” activos en las marchas de la oposición para cometer crímenes.

Al mismo tiempo que la muerte de Miguel Castillo era magnificada hasta el extremo, la de Dugarte era silenciada. Reducir la muerte de Dugarte a un hecho sin importancia es también la confesión más nítida de qué factores irregulares y criminales encubren actualmente los medios, cuáles agendas oscuras son convenientes visibilizar y de qué forma administran los flujos informativos en jurisdicciones mucho mejor controladas y sencillas de operar (municipio Chacao, por ejemplo).

La distancia marcada por los medios y políticos opositores entre Castillo y Dugarte, explicativa también de por qué uno es caso vitrina y el otro no, está signada por un enfoque mercantil y de clase. La muerte de un mototaxista e integrante de movimientos sociales no sólo no es rentable en términos de la estética de la información y parámetros de consumo (fascismo mediático), sino que vincularía a la oposición con agendas no precisamente políticas.

En los términos en que piensan los medios es distinto Miguel Castillo, que al igual que Juan Pernalete y Armando Cañizales, cumplen con el perfil de jóvenes universitarios, con habilidades artísticas o deportivas, que a su vez constituyen un perfil homologado en lo estético y narrativo para ser asimilado y consumido con facilidad por audiencias globales. Persuadirlas y movilizarlas hacia el conflicto venezolano es un objetivo táctico para la propaganda que se ejecuta contra el país.

En este sentido, no importa quién sea sacrificado siempre y cuando sea conveniente a los objetivos planteados en la agenda de golpe contra Venezuela. Agenda que por cierto exige que ese número de sacrificados aumente.

Tomado de MisiónVerdad

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