“Golpe de estado en Venezuela”: lo leíamos, hace unos días, en titulares y portadas de la gran prensa internacional, que aseguraba, al unísono, que el Gobierno de aquel país había suspendido de funciones a la Asamblea Nacional (1). Falso, porque fue el Tribunal Supremo de Justicia (el Tribunal Constitucional) el que tomó la medida. Y solo de manera provisional, hasta que el Parlamento acatara sus sentencias, como la que impugnó a tres diputados opositores por compra de votos (2). Días más tarde, por cierto, el Tribunal daba marcha atrás a su decisión (3).
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